Ahora, pretende el gobierno mexicano decomisar aeronaves “abandonadas”

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) de México lleva ya demasiados meses en el ojo del huracán, primero por sus problemas que llevaron a México a perder la Categoría 1 en aviación con sus consecuencias principalmente para nuestras aerolíneas, y luego de más de año y medio no solo no han podido recuperar la Categoría 1, sino que presentan cada vez más problemas y deficiencias, como lo comentamos recientemente.

A esto siguió la destitución de su Director General, Carlos Rodríguez Munguía, apenas el 17 de octubre pasado, ante su incapacidad por devolver la Categoría 1, quizá no todo sea su culpa pero finalmente él es el responsable. Será sustituido por otro militar en retiro, Miguel Enrique Vallín Osuna, General de División Piloto Aviador del Estado Mayor Aéreo, quien al menos tiene trayectoria en la aviación, veremos si puede lograr el regreso a Categoría 1 que tanto le urge al país.

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Pero ahora viene otro asunto muy delicado, y es que se presentó una nueva revisión a la Circular Obligatoria CO AV-21.2/07, lo que sería la séptima revisión de dicha circular y que apenas está en proceso, no se ha publicado y se está a tiempo de que no llegue como está a entrar en vigor, y es que pone en riesgo a los propietarios de aeronaves en el país que por alguna razón tienen vencido el Certificado de Aeronavegabilidad.

La nueva disposición dice que, si una aeronave tiene vencido su Certificado y este no es solicitado de nuevo en un máximo de 60 días, o se solicita una prórroga por causas justificadas, la autoridad le cancelará el registro de nacionalidad y la matrícula. Esto es violatorio a diversas disposiciones internacionales de la OACI de la que México es miembro, por lo que en principio no debería proceder, pero sabemos cómo se las gastan los diputados nacionales.

Así que si a una aeronave se le cancela la nacionalidad y matrícula no podrá ser operada, trasladada ni comercializada, es decir, quedará en una especia de vacío legal que será un gran problema para su propietario. Pero viene lo peor, la autoridad la considerará “abandonada” por lo que publicará en el Diario Oficial de la Federación, con intervalos de 10 días, así como en un periódico de la entidad en donde se encuentre la aeronave, un aviso con un plazo de 40 días para presentar objeciones por parte de sus propietarios acreditados. Si no se presenta nada, la autoridad la considerará abandonada, pasará a ser propiedad de la Nación y la autoridad podrá enajenarla en subasta pública con las autoridades correspondientes y un fedatario público, así sin más. Los recursos que se obtengan pasarán a la Tesorería luego de liquidar cualquier adeudo que la aeronave tenga con el aeropuerto.

Justo como el gobierno de 4a pretende hacer con las cuentas bancarias que considera “abandonadas” por no tener movimientos en algunos años y que pretende decomisar, pasaría lo mismo con estas aeronaves si por alguna causa al propietario se le pasa la fecha y los 60 días para su renovación. Causas puede haber muchas, pero eso no es lo importante, sin Certificado simplemente no puede operar la aeronave, pero de eso a que se la quieran decomisar tan solo por no estar en uso, va en contra de las garantías individuales y el derecho de propiedad, independientemente de que sea violatorio de reglamentaciones internacionales. Y además, ¿para qué?

Se supone que por las políticas de austeridad del gobierno actual nadie en el gobierno tendría derecho de utilizar o tener un avión privado, así que el decomiso no es para que el gobierno utilice una aeronave en desuso. Si partimos de que no hubiera malas intenciones no hay una justificación para proceder de esta manera, su obligación como autoridad sería buscar a los propietarios y solamente si un tercero demanda daños por no pagar servicios, proceder a otro tipo de acciones. Pero si pensamos mal, ¿será que quieren “enajenarlas” a favor de quienes han apoyado la causa? ¿Que tengan transportes para sus mercancías?

Como sea, nuevamente el gobierno autoritario pretende tomar acciones que no le corresponden a un gobierno democrático que realmente busca apoyar a la sociedad, sino a una dictadura que quiere mantener a la gente sojuzgada y violando el estado de derecho.