¡Proyecto de papel! Más problemas en el Aeropuerto de Santa Lucía

Una de las obras clave del sexenio, el Aeropuerto Felipe Ángeles en la Base Aérea de Santa Lucía, tiene otro serio problema que puede detener la obra. Y no es cualquier cosa, resulta que han estado construyendo en terrenos que no le pertenecen, el umbral de la pista principal, la terminal del tren que conectará con el Aeropuerto Benito Juárez, y una parte de lo que será la zona comercial del aeropuerto.

Esto, por supuesto, no es culpa del Ejército Mexicano que está a cargo de la obra, sino del Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer. Pues resulta que con sus descuidos metió en un problema al Ejército y al mismo Presidente de la República por no indemnizar a varios de los propietarios de los terrenos de la zona de Santa Lucía, lo cual generó ya una ola de amparos, pero uno de ellos en específico que no solo se pidió que se detuviera la obra hasta que se finalice el proceso de expropiación de las tierras y sean liquidadas, sino que quieren meter a la cárcel a los responsables pues, como no hubo indemnización se puede considerar un despojo de propiedad.

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La demanda fue presentada por el abogado José Rubén Sánchez Solórzano y argumenta que tanto Meyer como la Directora General de Propiedad Rural, María Estela Ríos González, se apropiaron de 500 hectáreas del predio de Xaltocan, una de las muchas comunidades que se ampararon en el perímetro del aeropuerto, porque no han pagado las indemnizaciones como fue la instrucción presidencial. Y no es por falta de fondos, sino que los funcionarios se han negado a pagar con argucias y mentiras.

Los afectados ya realizaron una denuncia de hechos de despojo en Xaltocan ante la Fiscalía General de la República y ante el Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente, en donde se pide ejercer acción penal. El fundamento de la demanda es el decreto sobre la propiedad de los terrenos, Román Meyer firmó una resolución el 16 de abril de 2019, publicada en el Diarios Oficial de la Federación, en donde declara “terreno nacional” la propiedad, por lo que no requeriría indemnización, lo contrario a lo que el Presidente afirmó varias veces al referirse a que todos los afectados por expropiaciones en Santa Lucía serían indemnizados.

Aunque Román Meyer es el responsable legal por su puesto y por haber firmado el decreto, María Ríos González es quien lleva todo lo relacionado con el aeropuerto, y casualmente, ella era la consejera jurídica de López Obrador cuando era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México cuando hizo la expropiación de los terrenos de El Encino, y que tras una década de litigio la Suprema Corte determinó que había sido ilegal y el gobierno de la ciudad tuvo que pagar $95 millones de pesos a la empresa propietaria del predio.

Ríos González afirmó que los propietarios carecían del título de propiedad, lo cual no era cierto pues demostraron la propiedad con documentos del Instituto de la Función Registral del Estados de México y del Registro Agrario, por lo que en la denuncia se afirmó que Secretaría de Desarrollo Agropecuario Territorial y Urbano (SEDATU), mintió al señalar que los terrenos en Xaltocan eran baldías y negar la propiedad privada de los mismos. Y Meyer entrampó al presidente y a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) al hacer la declaratorio de bienes nacionales de los terrenos en lugar de proceder a la expropiación y su correspondiente indemnización.

Y con estas acciones, el litigio que llevó a la denuncia penal provocó ya un incremento en los costos de construcción porque no se puede realizar una planificación ordenada y se avanza en la obra como si fuera un rompecabezas. Y lo peor es que si no se resuelven los amparos, no habrá aeropuerto. Y de cualquier manera, los costos de indemnización junto con lo que se ha avanzado hasta ahora, se van a elevar de manera importante.

Esto pasa por poner gente 90% “honesta” (que ni son tal cosa) y con 10% de capacidad para atender legal y debidamente los asuntos.