¿Ahora Mexicana-Sedena a la vista?
Durante los tres sexenios que estuvo en campaña, el ahora presidente López Obrador tomó como bandera suya cuantas causas se le atravesaban en el camino para ganar partidarios, una de ellas fue la de los ex empleados de Mexicana de Aviación que, luego de los casi 90 años de operaciones de la empresa, se quedaron en la calle sin liquidaciones y sin pensiones. Nada qué celebrar al respecto, desde luego, sobre todo porque los responsables del desfalco y la quiebra siguen prófugos y tan tranquilos. Pero el entonces candidato, como a todos, les prometió resolver su situación.
Pero desde que tomó posesión del cargo en 2018 todo han sido largas, promesas incumplidas y planes que no se concretan. Los ex empleados de la empresa incluso dijeron que no querían participar en otra empresa que tuviera que comenzar, que ya solamente querían sus liquidaciones que por ley les corresponden, y ya.
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Pero ahora que ya no son bandera de campaña acabó haciéndoles dos “trastadas” que obviamente los sorprendieron y causaron enojo. Una fue retirar el plantón permanente con tienda que tenían en el Aeropuerto de México en donde estaban los mostradores de la aerolínea, que tenían desde 2014 ilegalmente. Hay que decir que, aunque fueran ex empleados de la empresa, no tenían ningún derecho a estar ahí bloqueando espacios y causando problemas y pérdidas al aeropuerto, nunca debieron permitírselos, pero ahí siguieron por años con mantas alusivas a su lucha y vendiendo cosas a los viajeros sin autorización. Se tenían que haber retirado desde 2014 y no se hizo por razones políticas, hasta que finalmente se tuvo que hacer, llegando de noche a retirar todo lo que tenían ahí y dejar un grupo de policías para evitar que se instalaran de nuevo.
Aunque la ocupación del lugar era ilegal a todas luces, de alguna manera era el apoyo que tenían los trabajadores para seguirse haciendo presentes ante el nulo caso de las autoridades, y de alguna manera tenían algunos ingresos para ayudarse. No era cuestión de dejarlos ahí sino de buscar alternativas para apoyarlos, tal vez con locales legales, pagando renta como los demás; y por supuesto buscar la manera de que recibieran sus liquidaciones. Al final de cuentas no es qué hicieron sino cómo lo hicieron lo que pone al gobierno en mala imagen ante los afectados.
Por otro lado, y luego de diversos planes de crear una aerolínea para operar en el AIFA, primero como una nueva “Mexicana”, o la resurrección de Interjet o incluso trasladar las operaciones de Aeromar al nuevo aeropuerto, recientemente el presidente en su conferencia mañanera dijo que se tenían planes para abrir la nueva aerolínea operada por el ejército y que “a lo mejor” se llamaría “Mexicana” por la tradición del nombre.
En primer lugar, una de sus banderas de campaña fue sacar al ejército de las calles en seis meses, luego de pelear constantemente con las administraciones anteriores sobre que no es función del ejército combatir el crimen. Y técnicamente tenía razón. El ejército no debe involucrarse en eso que es función de las policías civiles. Pero ahora no solo lo mantiene en las calles, sino que busca institucionalizarlo al menos hasta el 2028, además de ponerlo a cargo de la Guardia Nacional, que será entonces una extensión de las fuerzas armadas y no una organización civil.
Esto además de crear una empresa, propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) denominada “Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Omeca-Maya-Mexica”, que tendrá a su cargo la administración de los aeropuertos de Santa Lucía (AIFA), el nuevo aeropuerto de Tulúm, los de Chetumal, Palenque, Cd. Obregón, Guaymas y los que se agreguen; también por supuesto la administración del Tren Maya que está en construcción por parte de Sedena, y todos los servicios auxiliares que se requieran a discreción, que por lo pronto incluyen una empresa turística para administrar 3 hoteles, dos museos y dos parques ecológicos. Esto además de controlar aduanas, vigilancia de aeropuertos y un largo etcétera que se les han dado como atribuciones y prebendas durante este sexenio para tenerlos contentos con el gobierno actual.
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El pretexto de las empresas de Sedena, según el presidente, es que así tienen ingresos propios para pagar las pensiones de sus jubilados y que no sean una carga para el gobierno federal.
Pero la cereza del pastel es ahora dejarles la concesión y operación de la nueva aerolínea con sede en el AIFA, pensando que será el gran negocio. Es obvio que el presidente no sabe nada de aviación (ni de negocios en general ya que nunca ha administrado ninguno) y debe creer que porque se mueve mucho dinero se gana mucho. Nada más alejado de la verdad. Hay un viejo adagio en la aviación que dice que “la única forma de convertirse en millonario en el negocio de la aviación, es llegando multimillonario”, y es que los costos son tan grandes y los márgenes tan pequeños, que es muy fácil caer en pérdidas muy fuertes por tipo de cambio, incrementos en costos o ligera baja del pasaje. Y peor aún si se trata de crear una empresa nueva que debe ganarse al público financiando sus operaciones mientras lo logra.
Si a eso le agregamos que se pretende la operación desde el AIFA que ha demostrado que no tiene la preferencia de los usuarios, pues salvo dos rutas todas las demás operan con pérdidas por poca cantidad de pasajeros, se tiene la fórmula para un fracaso absoluto, al menos financieramente. Supuestamente quieren iniciar con 10 aviones arrendados (sin especificar modelo) más la administración del avión presidencial que no ha logrado vender en estos 4 años, para funcionar en vuelos de ayuda humanitaria, apoyo a dependencias federales, misiones diplomáticas y transporte de delegaciones deportivas, culturales y musicales. Si se quisiera que el avión fuera parte de la flota de la nueva aerolínea habría que considerar el costo de su conversión para ser avión comercial, que es de muchos millones de dólares y que de todas formas no hay rutas adecuadas desde el AIFA para operar un avión tan grande que quedaría para 230-290 pasajeros.
El plan por ahora es realizar los estudios y la creación de la empresa durante los próximos meses, para iniciar operaciones hacia finales del 2023
Por último, el uso del nombre comercial de “Mexicana” no puede hacerse por capricho presidencial, parece que no considera los derechos del nombre que actualmente tienen los empleados como uno de los activos de la empresa para asegurar sus pagos. Así que se tendría que comprar o rentar el nombre y no nada más usarlo por antojo, o estará atropellando nuevamente los derechos de los ex empleados de la empresa.
De acuerdo con los documentos relacionados con la nueva aerolínea dados a conocer por el grupo de hackers “Guacamaya” recientemente, se calcula una inversión inicial de 90 millones de dólares y un costo anual de operación que podría rondar también unos 90 millones anuales, aunque no se precisa cómo llegaron a esas cifras.
Así que una nueva aerolínea administrada por Sedena no solo no es garantía de éxito sino todo lo contrario, pues tendrán que remar contra corriente por el aeropuerto a utilizar, por los grandes costos de inicio y para convencer a los viajeros de usar sus servicios sobre las aerolíneas ya establecidas. En ninguna parte del mundo las aerolíneas administradas por el ejército han tenido éxito real, uno de los casos más recientes fue Tame de Ecuador, mientras fue monopolio doméstico ofrecía los servicios de conectividad necesarios para el país logró sostenerse, pero en cuanto hubo competencia terminaron en quiebra y cerrando sus operaciones. ¿Será que se tenga que llegar a eso en México? ¿Y quién financiará su creación, operación y quiebra? Por supuesto que los contribuyentes y no el presidente de las ocurrencias.